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La banca ha distribuido 24,4 millones de tarjetas de crédito en el país

Dinero plástico movió $ 6.533 millones en 2011

 

Cualquier bien o servicio se puede comprar al “corriente” o “diferido”, inclusive vehículos. Aunque no hay cifras sobre el promedio de tarjetas que posee una persona, hay quienes manejan hasta seis o siete. Los expertos recomiendan endeudarse con cautela.

Dinero plástico movió $ 6.533 millones en 2011.

Redacción Economía

Comida, combustible, ropa, calzado, salidas al cine y hasta un vehículo se pueden comprar con solo deslizar una tarjeta de crédito, el dinero plástico que actualmente concentra al 42% del circulante en el país.

Así lo afirma el analista económico Jorge Rodríguez, quien explica que durante 2010 el país movió alrededor de 10.400 millones de dólares en dinero plástico y para fines de  2011 la cifra subió a 14.100 millones, es decir, 4.500 millones más  como resultado del crecimiento económico y, por ende, del poder adquisitivo de la gente.

La cifra no sorprende si se considera que la banca ha emprendido una agresiva campaña de distribución de tarjetas de crédito, sin importar que no sea a clientes de la entidad financiera que la emite. Jéssica Villavicencio, por ejemplo, tiene dos cuentas bancarias que manejan un promedio de 1.500 dólares al mes. Con esos ingresos, otros tres bancos le entregaron como “cortesía por  su excelente estado crediticio” igual número de tarjetas de crédito que suman un cupo de  5.000 dólares para endeudamiento.

La facilidad con la que los bancos prestan el dinero plástico, explica Rodríguez, se debe a que en los últimos tres años América Latina vive una época de oro y las empresas internacionales han identificado a esta como la única región no afectada por la crisis  mundial.

A ello se suma que  los países de la región han sido capaces de cubrir su deuda externa y préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, además, han exportado capitales comprando bancos quebrados en Europa, como hizo Banco Pichincha  con la cartera vencida de un banco español, a fines del año pasado. “Como hay excedente de dinero, que no se puede colocar solo en el mercado local, América Latina se ve obligada a encontrar nuevas formas de llegar a los consumidores y la más rentable es a través de tarjetas de crédito”, acota.

Es así que la economía ecuatoriana también se digitalizó, pues el 58% del dinero que circula en el país es físico y el 42% es plástico, que los consumidores utilizan principalmente para comprar línea blanca, bienes suntuarios y hasta vehículos, sin considerar las tasas de interés, que en algunas ocasiones  se duplican por efecto del llamado “pago mínimo”.

El especialista señala que, en promedio, el interés de un crédito de consumo con la banca está entre el 11% y 17%, llegando al 22% si se trata de un microcrédito productivo, pero al realizar el mismo crédito con la tarjeta de crédito este puede llegar al  32% cuando el tarjetahabiente no paga el 100% de su consumo mensual y cancela solo el “mínimo” calculado por la entidad financiera, puesto que así solo se acumula la deuda anterior.

Para los bancos es más rentable prestar a través de tarjetas de crédito porque pueden llegar a cobrar hasta el doble de interés, mientras que los usuarios ven como principal ventaja la posibilidad de diferir sus compras y avances en efectivo cuantas  veces crean necesarias.

Víctor Hugo Herrera se ha convertido en un “experto”. Tiene cinco tarjetas de crédito y casi todas están al tope, por lo que cada fin de mes pide un avance en efectivo en aquella donde todavía  tenga saldo disponible para pagar la cuota mínima de las demás, una práctica que ha “perfeccionado” en los últimos dos años, hasta el punto de que desconoce el monto total que adeuda.

En ese vértigo por comprar y comprar, en el Ecuador se han distribuido ya 24’488.205  tarjetas con un volumen de crédito que, hasta diciembre de 2011, llegó a los  6.533’197.823  dólares, pero cabe anotar que la tasa de morosidad no supera el 3%, un índice bastante aceptable que se ha mantenido durante los últimos dos años (ver cuadro estadístico).

Según Rodríguez, del total de tarjetahabientes, se estima que el 62% tiene como práctica constante la acumulación de sus saldos, es decir, solo paga las cuotas mínimas; mientras que el 84% está casi al límite del cupo asignado por la entidad financiera.

Para el analista, los dolores de cabeza se producen generalmente por el desconocimiento de las cláusulas del contrato (cupo máximo, tasas de interés, costos administrativos adicionales, etc.) que el cliente acepta cuando recibe una tarjeta de crédito y solo las considera cuando llega el estado de cuenta.

Miguel Acosta todavía recuerda el susto que pasó cuando de su banco le informaron que su tarjeta estaba “reventada” y con  dos cuotas vencidas. Sucedió que  cada compra en el supermercado se difería a tres meses sin intereses, pero cada 30 días el banco solo debitaba la cuota mínima y un año después la deuda ascendió a 1.400 dólares. Apenas cancelado ese monto, el hombre cerró la tarjeta.  

Pero al contrario de lo que se cree, reconoce Rodríguez, las mujeres han demostrado ser más prudentes en el uso del dinero plástico, pues en promedio poseen una o dos tarjetas de crédito, mientras que los hombres pueden llegar a acumular hasta seis, comenta.

23-01-12-actualidad-tarjetaTácticas que convencen

Para que el dinero plástico llegue a las billeteras  de los ciudadanos, los bancos  tienen varias estrategias  con las que convencen a la gente, que si bien son legales, la Defensoría del Pueblo ha empezado a analizar. 

La supuesta entrega gratuita, el ofrecimiento de pólizas de vida y hasta el acoso telefónico están entre las tácticas. “Los bancos llaman a las personas para decirles que por tener una buena calificación en la Central de Riesgos o una cuenta bancaria serán  beneficiados con una tarjeta de crédito. Cuando eso sucede muchos se entusiasman y no piensan en las consecuencias”, expresa John Caicedo, secretario ad hoc de la Defensoría del Guayas.

Asegura  que la mayoría de los “favorecidos” acepta el documento sin leer con detenimiento  lo que dicen los contratos y solo cuando llegan los estados de cuenta asumen que, a más de la deuda y los intereses del crédito, hay valores adicionales que deben pagar.

Este es  el inicio de un vía crucis, tanto para el cliente que cae en mora como para la institución emisora. Según el funcionario, cada semana se reciben de tres a cuatro quejas de tarjetahabientes  que se sienten perjudicados.

En su mayoría,  son  ciudadanos que tuvieron problemas para cumplir con sus obligaciones, y para quienes, con el tiempo,  el monto de los intereses superó al capital. “Lo que hacemos es intermediar para que lleguen a un convenio de pago. En muchas oportunidades da resultados  y hasta se han reducido los valores”, precisa Caicedo.

El abogado cree que las personas deben ser conscientes de que, al adquirir una tarjeta de crédito, están asumiendo un compromiso con la entidad financiera, el cual debe ir ligado a su capacidad de pago.

El artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo pertinente a Cobranza de Créditos, establece: “El consumidor no debe ser expuesto al ridículo o a la difamación ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza dirigida a su persona por el proveedor o quien actúe a su nombre”.

Con ello, el abogado advierte que  las personas que se hallen en mora no podrán ser amedrentadas por persona o entidad alguna. Pero anota que cada cliente es responsable cuando acepta o rechaza ciertos beneficios adicionales, como seguros   médicos, dentales, pólizas u otros que ofrecen las entidades financieras, porque cada mes se sumarán al estado de cuenta.

Un aspecto importante que el cliente debe conocer es que el artículo 50 del mismo cuerpo legal determina: “El precio para el pago con tarjetas de crédito será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado será también exigible por el consumidor que efectúa sus pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento, oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa lo contrario”.

No hay control del gasto

Jorge Matute fue por 11 años jefe de Litigios del Banco Bolivariano. Por sus manos pasaron miles de reclamos de tarjetahabientes y actualmente es asesor de importantes empresas dedicadas a la cobranza de obligaciones atrasadas. Los años de experiencia le permiten llegar a la conclusión de que gran parte de los usuarios no sabe cómo controlar sus gastos y se endeuda en más de lo que puede pagar.

Coincide con Caicedo en que los beneficiarios de tarjetas de crédito no leen ni se empapan de las disposiciones contractuales que suscriben con los bancos, cuando es precisamente ahí donde se establecen los rubros a pagar, montos que son autorizados por la Superintendencia de Bancos.

“Hay entidades que le permiten al cliente adquirir bienes o servicios y hacer avances en efectivo. A pesar de que hay un cupo límite para cada transacción, la gente no analiza cuánto tendrá que pagar. No tiene autocontrol y cae en mora, lo que genera más intereses”, asevera.

El jurista destaca que los valores que  se cobran fluctúan según como va el sistema económico del país, pero bajo la regulación del Banco Central y  la Junta Bancaria.

Matute reconoce que si bien ninguna persona  puede ir a la cárcel por mantener una deuda con una entidad financiera, esta  puede iniciar acciones legales para recuperar el valor del crédito, los intereses y las costas procesales.

“Por la vía legal se puede llegar a declarar insolvente a una persona. Eso les impide ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía, como por ejemplo votar; a salir del país, a ejercer un cargo público, a ser administrador o representante legal de una empresa privada o pública, entre otras restricciones”, menciona.

El asesor bancario también puntualiza que de cada 10 causas iniciadas por deudas en contra de clientes, por lo menos 6 o 7  son declarados insolventes. Ese estatus debe ser investigado y declarado por un juez penal, pero en caso de comprobarse que era ficticio, el responsable podría ser condenado a una pena de hasta 5 años de prisión.

 

 

 
 

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